Organizaciones civiles, colectivos de búsqueda y más de un centenar de agrupaciones defensoras de derechos humanos exigieron esclarecer la muerte de Blanca Isabel Martínez Bustos, directora del Centro J Fray Juan Larios, quien falleció el 10 de noviembre tras una intervención quirúrgica en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Saltillo.
La familia Martínez Bustos presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por posible negligencia médica, al considerar que la defensora no recibió una atención adecuada antes, durante ni después de la operación programada.
La activista ingresó caminando, con la expectativa de una recuperación rápida, pero su estado se agravó horas después sin que según sus allegados recibiera la vigilancia especializada necesaria.
Un pronunciamiento firmado por más de 270 personas y más de 100 organizaciones sostiene que Blanca Martínez fue víctima de omisiones graves, entre ellas la falta de una valoración médica exhaustiva previa a la cirugía y la ausencia de personal capacitado para dar seguimiento clínico durante el fin de semana.
Los colectivos denunciaron que este caso evidencia fallas estructurales del sistema público de salud, al que califican como “una condena de muerte” por el nivel de negligencias que enfrentan miles de pacientes.
“Entró confiada en que saldría bien y ya no está con nosotras. Nos da rabia que el sistema de salud permita este tipo de negligencias criminales”, señala el comunicado, que también cuestiona la insuficiencia de áreas de terapia intensiva en hospitales del IMSS en la capital coahuilense.
Las organizaciones y personas firmantes exigieron una investigación inmediata y profunda por parte de la Fiscalía estatal, la realización de una necropsia con peritos independientes, garantías de verdad y justicia para la familia y una revisión a fondo del funcionamiento del IMSS en Saltillo.
La muerte de Blanca Isabel Martínez Bustos desató una ola de indignación en colectivos de búsqueda, comunidades eclesiales, redes de acompañamiento y organismos de derechos humanos en todo el país, que destacan su entrega absoluta a las familias de personas desaparecidas y su liderazgo en procesos de memoria y justicia.
La familia de la activista reiteró que su demanda no busca confrontación, sino evitar que otras personas enfrenten riesgos derivados de negligencias institucionales y que se garantice la responsabilidad de quienes intervinieron en su atención.